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Economía

TC declara inconstitucional ley que suspende el cobro de peajes

Publicado el 25 de Agosto

Foto: Andina

TC declara inconstitucional ley que suspende el cobro de peajes

Por unanimidad, el TC declaró inconstitucional la norma, porque -sostiene- vulnera el artículo 62 de la Constitución y viola la libertad de contratar, al suspender el contenido contractual pactado por las partes relativo al cobro de peajes.

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la Ley 31018, la cual suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia a causa del COVID-19.

El Colegiado sesionó en su tercera deliberación pública, aunque esta vez de manera remota, y declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad (Exp. N° 00006-2020-PI/TC presentada por el Poder Ejecutivo en contra de la Ley N° 31018, cuya ponencia estuvo a cargo del vicepresidente Augusto Ferrero Costa.

Por unanimidad, el TC declaró inconstitucional la norma, porque -sostiene- vulnera el artículo 62 de la Constitución y viola la libertad de contratar, al suspender el contenido contractual pactado por las partes relativo al cobro de peajes. Además, afectaría la continuidad de los servicios vinculados al mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, en perjuicio de los usuarios del servicio.

El 2 de junio del 2020, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley N°31018 que suspende el cobro de peajes en todas las vías concesionadas a privados y que fue aprobada por el Congreso en mayo.

El pleno del Tribunal Constitucional también establece como interpretación constitucional de obligatoria aplicación, que las sesiones virtuales que realice el Congreso de la República serán conformes con la Constitución siempre y cuando se interpreten los artículos 51-A, 27-A y demás relacionados con las sesiones, deliberaciones y votaciones comprendidas en los procedimientos parlamentarios del Reglamento del Congreso.

En ese sentido, se debe garantizar: a) El carácter público, abierto y transparente de los debates virtuales; b) La participación sin restricciones, la libre deliberación y el voto personal, directo y público de cada congresista; y c) El carácter indelegable del voto.

 

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