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COVID-19: El “tsunami” del comercio electrónico y el derecho de la competencia

Publicado el 08 de Julio

Foto: difusión

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En esta oportunidad Mario Zúñiga, EY Law, Competition & Markets Leader de Erns & Young, empresa líder mundial en servicios de auditoría, fiscalización, asesoramiento y consultoría, comparte un artículo relacionado al panorama actual, frente al COVID-19.

Como se sabe, la nueva coyuntura ha afectado la economía y han surgido cambios que se ven plasmados, por ejemplo, en la migración a entornos digitales para la comercialización de servicios y bienes, generándose un gasto promedio por medio del e-commerce. Cabe resaltar que en la primera semana de la cuarentena se produjo un aumento de casi el 50 % del gasto promedio a través de canales digitales. Es necesario precisar que la información que se proporciona sobre los productos debe ser transparente, al igual que  la información que se brinda sobre la protección de datos personales de los clientes.

Te invitamos a leer el siguiente artículo escrito por Mario Zúñiga, EY Law, Competition & Markets Leader de Erns & Young.

La pandemia desatada a nivel global viene afectando gravemente la economía nacional y, por supuesto, la forma en que se comercializan los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Si bien en el Perú se adoptaron diversas medidas para afrontar esta situación, la inmovilización social obligatoria y la reanudación progresiva de actividades comerciales han evidenciado la necesidad de emplear canales de comercialización que permitan el “distanciamiento social”.

El e-commerce es el nuevo protagonista en sector retail tras el  COVID-19".

Esta coyuntura ha servido de catalizador para la migración a entornos digitales en la comercialización de bienes y servicios en el mercado, generándose un incremento significativo en el gasto promedio a través del e-commerce. Lo que venía siendo una ola de migración a plataformas digitales, se convirtió en un tsunami. Solo en la primera semana de cuarentena, se produjo un incremento de casi el 50 % del gasto promedio a través de canales digitales.

Esa transición acelerada puede generar en los proveedores algunas brechas de cumplimiento especialmente en lo que se refiere al Derecho de la Competencia. De cara a la “última milla” de comercialización con consumidores y usuarios, algunos riesgos son los más sensibles.

En materia de protección al consumidor, el derecho de información de los usuarios obliga a los proveedores a poner a su disposición todos los aspectos fundamentales para una toma de decisión adecuada. Si bien esta información se pone de manifiesto en todo el proceso de compra, resulta recomendable la implementación de términos y condiciones, políticas de devolución y/o condiciones de envío que faciliten el acceso y la comprensión de dichas condiciones por parte de los consumidores.

En este punto, es importante tener en cuenta no solo los riesgos legales sino también las buenas prácticas y los riesgos reputacionales".

Por otro lado, y en aras siempre de generar la mayor transparencia posible en el mercado, están los riesgos derivados de la difusión de anuncios veraces y exactos sobre las características de los productos que comercializan, asegurándose de mantener, para aquellos casos de mensajes objetivos, el sustento que lo acredite de forma previa a la difusión. Esto incluye, a su vez, instrumentos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sectoriales en el etiquetado de los productos, así como medidas para una adecuada publicidad a través de influencers.

Finalmente, al emplearse canales de comercialización electrónica, la recopilación de datos personales se realiza de forma automática y masiva. Resulta indispensable contar con una política de tratamiento de datos personales. Este documento debe cumplir con diversas características, resaltando dentro de ellas, la obligación de informar la finalidad del tratamiento de los datos personales, la identificación del banco de datos personales donde se almacenará la información, la forma en que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, entre otros.

Todos estos ámbitos deben ser observados de forma preventiva y monitoreados constantemente por las empresas pues su exposición, en conjunto con la supervisión y fiscalización por parte las autoridades competentes, generan una mayor probabilidad de que se detecte algún incumplimiento. Esto traerá consigo no solo una eventual sanción económica y una medida de corrección, sino que, además, podría tener un impacto reputacional significativo, que puede traer consigo la pérdida de clientes y ventas.

Ya el tsunami está siendo bastante duro con las empresas. Asegurémonos de navegarlo al menos con los instrumentos adecuados".

Autor:

  • Mario Zúñiga - EY Law, Competition & Markets Leader de Erns & Young
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